El Estado permite hoteles rurales en áreas protegidas
HARIDIAN MEDEROS El Gobierno de Canarias quiere preservar la idiosincracia de sus cuatro parques nacionales frente a la voluntad de Madrid de permitir más usos turísticos en las joyas de la corona del Archipiélago. El Ejecutivo regional rechaza el anteproyecto de ley del Ministerio de Medio Ambiente al considerar que se abre la puerta a un desarrollo económico incompatible con la protección de la naturaleza.
El texto, que se discute con las comunidades autónomas, autoriza a los dueños de terrenos situados en el interior de los parajes a desarrollar "actividades económicas o comerciales, en especial las vinculadas con el uso público o el turismo rural".
Los parques nacionales de Timanfaya, El Teide, Garajonay y la Caldera de Taburiente, que están entre los más visitados de los catorce existentes en España, albergan en la actualidad actividades recreativas "controladas", pero lejos de la "industria" que se proyecta en el texto diseñado por Madrid, argumentan fuentes del Ejecutivo regional.
Pasear en camello por las montañas del fuego, recoger leñas muertas en el entorno de la Caldera en La Palma, subir en teleférico hasta las proximidades del pico del Teide o practicar senderismo entre bosques de laurisilva son algunas de las acciones que hoy en día se pueden experimentar en estos espacios protegidos.
Además, a través de sus centros de interpretación y de la amplia red de miradores, el parque difunde sus hábitats y valores naturales y culturales a todos sus visitantes, destacó el director general de Protección de la Naturaleza, José Fernández, que considera que en el borrador del Gobierno debe "reforzarse el papel de los parques nacionales como lugares destinados en exclusiva a la conservación de la naturaleza". Ésta constituye una de las alegaciones presentadas por el Gobierno canario al documento, en el que, según Fernández, "debe excluirse cualquier uso turístico en estos lugares de excelencia natural".
"No se pueden convertir en parques temáticos o de atracciones", protestó el diputado de Coalición Canaria José Miguel González , que insistió en que ahora hay "límites" y un "uso moderado" de estos parques, por lo que tildó de "disparatada" la propuesta del Partido Popular.
De hecho, anunció que, en caso de que siga adelante el borrador y se dé cabida a nuevos usos en estos territorios, entonces el Ejecutivo canario impondrá "medidas más restrictivas" para el cuidado del entorno.
El vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento y diputado del PSOE, Pedro Martín, se mostró cauto sobre nuevas finalidades recreativas, aunque puntualizó que la decisión debe recaer en los patronatos de los parques, encargados de su gestión.
A su entender, "el verdadero debate" es si se debe cobrar o no por entrar en determinadas zonas de estas superficies. Lo recaudado revertiría en el mantenimiento de estos espacios y en los municipios situados en su área de influencia socioeconómica.
A este respecto, el anteproyecto aboga por llevar a cabo políticas activas para el desarrollo de estas localidades, que recibirán una "atención singular" por parte de las administraciones públicas, que, conforme a sus disponibilidades presupuestarias, podrán concederles ayudas técnicas y económicas.
Otra de las novedades del documento previo a la norma es que tolera "los recursos privados mediante el impulso de instrumentos público-privados que permitan la incorporación de recursos financieros adicionales para la conservación de los parques nacionales". En todo caso, se prohíbe la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales, así como el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor.
Las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta futura Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados.
Además, se confiere un papel más claro a la Administración General del Estado como coordinador del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Así pues, se constituirán dos órganos dedicados específicamente a desarrollar la potestad coordinadora del Gobierno central. En efecto, se crea una comisión de coordinación que actuará en cada uno en los parques nacionales;y un comité de coordinación técnica que reunirá a todos los parques junto con los representantes de la red en la sede central.
Fuente: La Opinión de Tenerife
Fuente: La Opinión de Tenerife