De los 127 expedientes durante los últimos cinco años prescribieron 122, un 96% de los mismos
Antonio Cabrera El Cabildo de Fuerteventura ha dejado caducar más de un centenar de denuncias de caza durante los últimos cinco años. Con ello, la institución insular ha evitado sancionar a los infractores, algunos de los cuales fueron sorprendidos por los servicios de vigilancia en el interior de Parques Naturales y en zonas vulnerables para especies protegidas en grave peligro de extinción.
La oposición en la institución insular, al margen de responsabilizar al actual presidente de la Corporación, Mario Cabrera, dado que bajo sus mandatos se han producido estas irregularidades a la legislación cinegética y medioambiental, estudia poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente estos incumplimientos a las obligaciones legales de la institución. Un dato demoledor de las irregularidades detectadas: de las 127 denuncias efectuadas en este periodo prescribieron el 96% de las mismas, es decir, 122, mientras que el 100% de los expedientes incoados caducaron.
El pleno del Cabildo majorero aprobó a finales del pasado mes de diciembre una moción de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) para crear una Comisión de Investigación destinada al estudio de los expedientes de las infracciones cinegéticas de los últimos cinco años ante los continuos rumores entre el colectivo de cazadores y los servicios de vigilancia, cuyos efectivos son los autores de las denuncias, de que desde la institución insular se posibilitaba la prescripción de las denuncias de caza.
La citada comisión se constituyó el pasado 13 de marzo, y cuya presidencia recayó en la consejera de Ordenación del Territorio, Ornella Chacón. La comisión, que estaba compuesta por Rita Díaz (PSOE), Edilia Pérez, Natalia Évora y Antonio Mesa (CC ), todos ellos con responsabilidades en distintas etapas en el área de caza, Eugenio Cabrera y Claudio Gutiérrez (PP), Manuel Travieso (AMF) y Sergio Verastegui (PPM) celebró ayer la última sesión con la presentación de los informes y la adopción de conclusiones.
Los votos de la mayoría de gobierno, conformada por CC y PSOE, posibilitaron el rechazo de las propuestas de la oposición, que planteaban que el Cabildo reconociera el incumplimiento de forma grave y continuada de todas sus obligaciones legales respecto a las funciones de la potestad sancionadora de las infracciones en materia de caza, así como responsabilizar de esta situación al presidente de la institución, Mario Cabrera, y remitir todo lo actuado en la Comisión de Investigación, así como copia de todos los expedientes, a la Fiscalía para que se depuraran las responsabilidades penales.
Nacionalistas y socialistas reconocen en sus conclusiones los problemas generados en la tramitación de las denuncias de caza y los errores cometidos. Además, señalan que "desde esta corporación se ha entendido que no ha habido intención en que la resolución de los expedientes sancionadores de caza no fueran resueltos debidamente en el plazo, sino que más bien ha sido fruto de una desorganización que detectada se ha intentado solucionar a través de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) siendo cierto que se hizo efectiva en noviembre de 2012, pero que en estos momentos se encuentra funcionando debidamente".
