Las multas a las que se exponen quienes transgredan el amplio número de prohibiciones que recoge la Ley de Caza en Canarias pueden llegar a los 9.000 €
Víctor Rastrilla
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El individuo que caza sin la autorización pertinente o a la escondida, en la época de veda, es un furtivo, aunque este término es utilizado de forma común para cualquiera que transgreda el amplio número de prohibiciones o limitaciones recogidas en la vigente Ley 7/98 de Caza de Canarias.
El furtivo es una lacra para las especies, el campo y los cazadores que cumplen con las normas, y un problema que no se ha podido erradicar. Cazadores con jaurías de perros que arrasan por donde pasan, un perro suelto con un talento extraordinario para suministrar de conejos a su dueño, o quienes pegan un par de tiros para abatir una pieza en su propiedad y luego se esconden son algunos ejemplos conocidos de furtivos.
Y para la lucha contra estos elementos la Ley contempla cuatro tipos de sanciones tipificadas como infracciones administrativas.
Las infracciones leves conllevan una multa de 30,05 a 150,25 euros. Un ejemplo de infracción leve es cazar siendo titular de una licencia válida, pero no presentarla cuando sea requerido para ello por los agentes de la autoridad.La segunda es la ‘infracción menos grave’, que acarrea una multa que oscila entre los 150,26 a los 601,01 euros. Un ejemplo es el de una persona, cazador o no, que permitiese vagar a sus perros en época de veda o prohibición.
La infracción ‘grave’, con multa que va de los 601,02 a los 3.005,06 euros, puede ser reintroducir, repoblar y trasladar piezas de caza sin contar con autorización.
La ‘muy grave’ supone una multa de 3.005,07 a los 9.015,18 euros, y uno de los ejemplos es el hecho de cazar desde automóvil o transportar en ellos armas desenfundadas y listas para su uso, aunque no estuvieran cargadas.
Además, las infracciones menos graves, graves y muy graves podrían llevar aparejada la retirada de la licencia de caza e imposibilidad para obtenerla por un periodo que oscila entre un año y ocho.
La graduación de las sanciones se aplican por el cabildo correspondiente atendiendo a la intencionalidad, del daño producido, el ánimo de lucro ilícito y la reincidencia. En este sentido, algunos hechos punibles según la Ley pueden tramitarse por el código penal como delitos contra la fauna.
Una vez cerrado el expediente sancionador, los sancionados pasan a formar parte del Registro de Infractores de Caza de Canarias (Riccaza) gestionado por el Gobierno de Canarias y abastecido por las anotaciones transferidas desde los cabildos. En 2010 el Riccaza contaba para la provincia de Las Palmas con cinco infractores registrados en Gran Canaria, ninguno en Fuerteventura y uno en Lanzarote. Por contra, sobresalían los 341 de Tenerife, tres en La Gomera, y ninguno en La Palma y El Hierro por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La Guardia Civil denunció en el año 2011 un total de 139 infracciones en las islas orientales por 34 en las occidentales. De las que se transformaron en anotaciones de las orientales dentro del Riccaza solamente 60 en Gran Canaria.En 2012 las anotaciones en Gran Canaria aumentaron a 156, llegando hasta las 184 en 2014.
Pese a este aumento, los recortes desde las administraciones han hecho disminuir la relación de puestos de trabajo dedicados a la preservación de los recursos naturales. Alcanzando mínimos históricos de personal los destinados a estos menesteres tan necesarios.
La dotación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), con amplias competencias en diversas materias ambientales, al igual que los Agentes de Medio Ambiente, son claramente insuficientes para vigilar un vasto territorio durante los 365 días del año.
Implicar al mayor número de agentes posibles en la vigilancia en época de veda, cuando las especies se están reproduciendo y son más vulnerables, o el control de perros y cupos de caza son algunas soluciones que sobre este tema tan delicado para los cazadores aporta Juan Miguel Sánchez, representante de la Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC).
Juan Miguel Sánchez Presidente de la Asociación Canaria de Entidades de Caza “El principal problema que hay es la falta de conocimiento”
¿Qué perspectiva tiene sobre los furtivos?
Podríamos diferenciar entre el que incumple la normativa y no afecta a los recursos naturales, el que comete pequeños deslices y el ‘comecarne’. Los dos primeros tipos son recuperables para el sector, el tercero no, aunque no podemos comparar los actos reprobables que se cometen aquí con los producidos en otras latitudes como en la Península. O en otros continentes como África, donde detrás de ellos hay un movimiento económico muy importante.
Entonces, ¿qué mueve al furtivo en las islas?
Básicamente la falta de conocimiento de lo que debe representar y es la caza en el Siglo XXI. Algunos consideran que se es mejor cazador por coger más piezas. Es como decir soy el mejor por meter más goles, pero claro, sin árbitro que controle las reglas. Tenemos un arduo trabajo que realizar desde las asociaciones en colaboración con las administraciones para concienciar a aquellos que aún no se han dado cuenta de que la cacería es una actividad recreativa, social y elemento de conservación de los ecosistemas cuando se practica de forma sostenible. El colectivo de cazadores es muy grande y los hay que son una causa perdida. Por eso, el cazador de ley los señala, los separa y desprecia, pues el noble arte de la caza se empaña por actuaciones deleznables de ciertos individuos.
¿Es suficiente la vigilancia que existe hoy en día?
No, necesitamos más. Así lo hemos pedido desde la ACEC a las administraciones, pero no sólo para la cacería, sino en general para proteger el medio natural. Creemos que el papel de los Agentes de Medio Ambiente es fundamental. El problema es que los cabildos piensen lo mismo. Se ha solicitado recientemente que se cubran las nueve vacantes en La Palma de estos agentes de la autoridad y se ha conseguido en Gran Canaria una patrulla exclusiva para fauna, apoyados por los destinados en la comarcas, con mucho esfuerzo para este personal ya que tienen un déficit de cinco funcionarios. Y esta temporada pasada en La Gomera se han obtenido excelentes resultados con una nueva dotación, pero algunos cabildos siguen sin implicarse lo suficiente.
¿Tiene en cuenta al Servicio de Protección de la Naturaleza?
Por supuesto que sí. Pero el SEPRONA no da para más. Las plantillas están cubiertas en gran proporción. La ACEC solicitó una reunión a la Delegación del Gobierno para buscar alguna solución en ese sentido, pero no hemos obtenido respuesta. Aún así, pensamos que, coordinando todos los efectivos disponibles de Guardia Civil, Agentes de Medio Ambiente y Locales, sería insuficiente para vigilar todo lo que implica la preservación del medio ambiente, incluida la cinegética. Fuerteventura lo ha puesto en práctica y sigue faltando vigilancia.
Fuente: Laprovincia.es