- En la participación y en la colaboración de los cazadores ante las Administraciones, y para su organización, representación, y asociacionismo.
- En los hábitats y en las especies silvestres cinegéticas.
- En financiar la formación, la información y la investigación del mundo de la caza.
- En el sostenimiento del Organismo Público específicos para la Caza, con el fin de que las Administraciones gestionen a la caza y siga creando riqueza y empleo.
La Caza durante décadas ha aportado mucho dinero a las arcas públicas de forma directa, dinero que no ha repercutido para nada a quienes lo han pagado, el cazador ha pagado por ser cazador y por ser ciudadano como todos los españoles.
Es de las pocas actividades que se paga directamente a la Administración para poder practicarla (Licencia de Caza, Matrículas de terrenos cinegéticos o Tarjetas de Zonas Controladas, denuncias, autorizaciones, trámites, etc.), además de aquellos otros pagos e impuestos que también paga la caza como todo tipo de actividad.
Pero los cazadores también costean al propietario del terreno por los derechos de caza ya sea público o privado, en dinero o prestaciones o gratuidad o tarjetas de caza o a cambio de otras gestiones, ya sea los terrenos públicos (Estatal, Autonómico, Provincial, o Local) o privados (particular, entidades privadas, o juntas vecinales o agrarias), sin que todo ello haya repercutido para nada en su mundo o actividad, simplemente para mantenerla o mejorarla o respaldarla.
Muchos sectores reciben dinero y no pagan nada por ejercer su actividad, el político, el sindical, deportivo, artístico, etc., pero la Caza aporta y no recibe.
La Constitución Española (CE) encomienda al Estado la planificación de la actividad económica, al afirmar en su artículo 131.1, y no por ello la Caza debe de quedar al margen: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.”
Los Cazadores deben de exigir sus Derechos, y entre ellos está el Derecho a QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE GENERA LA CAZA, REVIERTAN EN ELLA PARA SU MEJORA, pero que reviertan de una forma clara, transparente, directa y legal regulada en las propias leyes que legislan la actividad de la Caza. Como lo hace el Tribunal de Cuentas con la financiación de los partidos políticos, pagando una cantidad fija por escaño obtenido y casi un euro por voto.
Pero esos recursos económicos o financiación de que estamos hablando que pagan los cazadores, y de donde se va a proponer que se financie para su sostenimiento la Caza, su mundo, y sus especies, lo pagan los propios cazadores y los titulares de terrenos cinegéticos (Sociedades de Cazadores o Titulares privados) directamente a la propia Administración. Lo cual es cuantificable y palpable, independientemente de otros impuestos que también paga como cualquier otra actividad o ciudadano.
De las Licencias de Caza que paga el cazador a las arcas públicas todos los años y que según la CCAA es diferente y no es baladí, una cantidad fija de lo que paga por la licencia de caza debería de repercutir en la financiación de su organización y asociacionismo, con el fin de financiar los gastos de su organización, defensa, participación, representación, y colaboración con las Instituciones Públicas. Y con el objetivo de que sus representantes y estructura velen por sus intereses, organicen sus elecciones, los coordinen, los escuchen, etc. Que el dinero que se paga en licencias de caza sirva para el mantenimiento de su propia organización regulada por la ley de caza, y no impuesta como es la Federación deportiva de caza que ya tiene su propia financiación a través de las licencias federativas o deportivas. El resto de lo que paga el cazador en licencias de caza que revertiera en un Organismo Público que fomente, coordine, y gestione la Caza.
De lo que pagan los titulares o gestores de cotos de caza, zonas de caza controlada, o espacios cinegéticos, como son las Sociedades Locales de Cazadores sin ánimo de lucro a la Administración todos los años, unos por hectárea acotada, otros por cantidades fijas de coto, otros por los socios, otros por tarjetas, etc., y que según la CCAA es diferente y no es trivial, una cantidad fija por cada hectárea de las que tiene adjudicadas dicho titular debería de volver a él, con el fin de mejorar los hábitats y las especies silvestres cinegéticas, y con el objetivo de mantener, para que siga generando riqueza, aquello que lo ha generado, los territorios y las especies de caza.
Por todo lo expuesto anteriormente, y mucho más, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) lucha junto con sus Asociaciones Autonómicas, por el Derecho a que las leyes de caza reconozcan el derecho a QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE GENERA LA CAZA, REVIERTAN EN SU FINANCIACIÓN PARA SU MANTENIMIENTO, MEJORA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ya que si no es así progresivamente dejará de generar riqueza, empleo y valor añadido en las zonas rurales, y las Administraciones públicas y el mundo rural dejará de percibir lo que hasta ahora han aportado.