Golpes, palizas, abandono o desnutrición, junto a los robos, son los delitos más abundantes en las últimas estadísticas de la Guardia Civil en relación al maltrato de perros, que se ceba con todas las razas y que aumenta ligeramente.
En los últimos años, los datos no reflejan grandes cambios, pero prácticas como el ahorcamiento han bajado gracias a que hay una mayor persecución y conciencia social, ha explicado una portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
En 2011, la Guardia Civil contabilizó cinco galgos ahorcados y doce canes de otras razas y al siguiente año fue un galgo y doce perros. "No son cifras preocupantes en comparación con otras que tenemos".
En conjunto, el Seprona incoó en 2012 un total de 11.337 infracciones penales y administrativas frente a las 10.278 de 2011.
Entre sus actuaciones más numerosas figuran el comercio ilegal, la inspección del transporte o los aspectos higiénicos sanitarios de los alojamientos de los animales.
A pesar de lo que pueda pensarse, la estadística de la Guardia Civil no refleja un mayor número de infracciones en el caso de los galgos, a excepción de los robos y las sustracciones.
"Lo único que sobresale un poco con los galgos es el robo, pero en lo que se refiere a maltrato está por debajo de los parámetros de otros perros de caza y muy por debajo de otras razas. Siempre ha sido así", ha añadido la portavoz del Seprona.
De los 675 perros robados en 2012, 132 fueron galgos, un número algo inferior a los 177 de 2011, ejercicio en el que el total de sustracciones se elevaron a 943.
Entre los guarismos de la estadística destacan los animales muertos por palizas y golpes: 32 en 2012, frente a los 26 de 2011, y las infracciones penales por desnutrición: de las 95 de 2011 se pasa a las 460 en 2012, y los envenenamiento, de 74 a 83.
Sin embargo descienden ligeramente los abandonos, 426 (2012) frente a los 442 de 2011.
Según ha recordado la portavoz del Seprona, el Código Penal castiga de tres meses a un año de cárcel el maltrato y contempla la inhabilitación especial para el ejercicio de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
La Guardia Civil siempre actúa de oficio, pero también investiga las denuncias -anónimas o no- de los ciudadanos. "Cada vez son más las personas que se dirigen a nosotros, debido a una mayor conciencia y también lo intentamos fomentar".
Además, las comunidades autónomas poseen sus respectivas legislaciones de protección animal y de caza.
La Guardia Civil, que utiliza tanto la vía penal como la civil para perseguir estas prácticas, no posee datos de las sanciones que finalmente se imponen, ya que se limita a investigar y abrir las diligencias, pero no hace un seguimiento del procedimiento y de su resultado.
En época de caza, el Seprona aumenta su actividad, dado que se encuentran más perros en las calles, en especial en zonas de tradición cinegética (las dos castillas, Andalucía y Extremadura).
Fuente: Canarias7