La Asociación
Canaria de Entidades de Caza (ACEC) solicita más agentes al Cabildo Insular de
La Palma. Tras el estudio de la documentación relativa al asunto, cree que la
corporación insular no tiene escusa para cubrir las vacantes que ya solicitó la
asociación de cazadores de ámbito regional.
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| La Isla Bonita |
De un total de 19
plazas de agente de la autoridad, 10 están cubiertas y 9 vacantes. De las
últimas, 4 se hallan dentro de la oferta pública desde el 2007 aunque no se han
convocado. En contraposición, el cabildo externalizó el servicio de vigilancia
en materia cinegética a través de un convenio de colaboración por 70.300 €, más
vehículos y material, con la Federación Deportiva de Caza Insular.
Las Corporaciones
Locales, para el cumplimiento de sus fines en materia de caza, necesitan el
empleo de unos medios materiales y otros "medios personales",
integrado por un conjunto de personas físicas a las que corresponden las
funciones propias en la materia de los distintos órganos de la Administración
Local. Cuando dichas funciones consistan, como es el caso, en el ejercicio de
policía cinegética, las mismas se encuentran legalmente reservadas a personal
funcionario especializado en la materia, conforme a lo dispuesto en
Constitución y en la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público. De la misma forma, la Ley 7/1998, de Caza de Canarias encomiendan
a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de los Cabildos
Insulares, “la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Caza y el Reglamento de Caza y demás normativa relacionada con la
actividad cinegética”, por lo que la asignación de dichas funciones de
policía cinegética reservadas a funcionarios públicos, a personal externo al
Cabildo Insular y ajeno a la función pública, vulnera la legalidad vigente en
la materia y no garantiza la especialidad, objetividad e imparcialidad que han
de informar el ejercicio de dichas funciones de policía cinegética encomendadas
al Cabildo de La Palma. Además, el 18 de
julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó en la
línea que ahora demanda la ACEC, que la externalización de los servicios de
vigilancia es contraria a derecho cuando la gestión de los recursos cinegéticos
están a cargo de la administración.
Por todo ello, la
ACEC considera que la vigilancia, seguimiento y erradicación de
ciertas prácticas nocivas, no sólo para el medio ambiente, sino para el buen
nombre del colectivo de cazadores ante la sociedad, requiere de un trabajo y
especialización continua por parte de los funcionarios que han de velar por el
cumplimiento de la normativa aplicable. Por todo lo expuesto, el Cabildo
Insular de la Palma debería convocar, lo antes posible, las cuatro plazas de
agentes ofertadas en el 2007, y que con ellas se cree una brigada especializada
en tareas de policía cinegética, flora, fauna e investigación del uso ilegal de
venenos en el medio natural.
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