Dos sentencias del Tribunal Supremo y una nueva ley estatal y otra autonómica reabren el debate en Canarias sobre el uso y aprovechamiento de sus espacios protegidos
Marta Cantero
La anulación de los planes de uso y gestión de Tamadaba y Jandía por el Tribunal Supremo, junto a dos nuevas leyes en trámite -una estatal y otro autonómica-, han puesto de nuevo sobre la mesa de debate en Canarias la necesidad de conciliar conservacionismo y aprovechamiento de los espacios naturales. Regiones como Andalucía están apostado por superar la dualidad entre territorio protegido y no protegido con un nuevo modelo de gestión que contempla mayores usos y una dinamización económica que, hoy po hoy, no se contempla para el Archipiélago.
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| Imagen del Parque Rural del Nublo |
"Los Parques Nacionales deben constituir un referente no solo en su forma de hacer conservación, sino también en la manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades", sostiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el informe que avala el anteproyecto de ley que pretende dar nueva regulación a estos espacios. Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre, el documento presenta novedades como la propuesta de "ofrecer nuevas formas de aprovechamiento y abrir su gestión a la sociedad", además de apostar por una mayor coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Las reacciones al anteproyecto no se han hecho esperar tanto desde el ámbito ecologista como desde las corporaciones regionales y locales. Para los ecologistas, "no se puede abrir así el abanico de actividades económicas", mientras otras voces conservacionistas advierten de "el riesgo de convertir a los parques nacionales en parques temáticos". Algunas Autónomías -entre ellas Canarias y Andalucía- ven, por su parte, "un ánimo de recentralización de la gestión" y la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna) lamenta que "no se haya tenido en cuenta la voz" de estas localidades.
Dos de los quince parques nacionales que existen en España -la relación se amplío en julio del pasado año con la incorporación de la Sierra de Guadarrama- ya han mostrado su rechazo al borrador de la futura ley: Sierra Nevada y Doñana. El Teide también ha presentado alegaciones contra las limitaciones que establece para los aprovechamientos hidráulicos que, según el Cabildo de Tenerife, tendrá "imprevisibles consecuencias" al afectar a las reservas y abastecimiento de agua de la isla.
Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno estatal ha reactivado el debate sobre la protección de los espacios protegidos y el tipo de actividad a realizar en ellos que sea compatible con su conservación. Un reto que Andalucía, que es pionera en España en dinamización económica sostenible, afronta con una apuesta clara por intensificar los vínculos entra la naturaleza y sociedad permitiendo nuevos usos en su naturaleza.
La caja de Pandora
Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de protección territorial del conjunto del país: el 47% de su superficie terrestre o marina, según los últimos datos del Observatorio de Espacios Protegidos Europarc-España 2011. Casi la mitad de su territorio está adscrito a alguna de las ocho categorías de protección que existen -desde los mencionados parques nacionales hasta los sitios de interés científico, pasando por monumentos, reservas y parques naturales o rurales-, cuyo margo general de su uso y gestión lo da la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
Pero dos sentencias del Tribunal Supremo han venido a complicar aún más en las Islas la tradicional disyuntiva entre protección y aprovechamiento. La primera, de diciembre de 2012, anula el plan de uso y gestión del Parque Natural de Tamadaba (Gran Canarias), y la segunda, del pasado julio de 2013, el de Jandía (Fuerteventura). La anulación, que tiene que ver con aspectos formales por la falta de aprobación previa de los planes de ordenación, ha provocado una reacción de los sectores institucionales más conservacionistas de la Isla y del propio Gobierno de Canarias.
La nueva y refundada Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales permitirá resolver las cuestiones planteadas por el TS, según el Ejecutivo canario, cuyo portavoz ha calificado de "discrepancias de interpretación jurídica" y que también se han producido en otras regiones como Cantabria, Extremadura o Aragón.
Pero más allá de la solución jurídica -que podría alcanzarse considerando a los planes insulares o los generales municipales como supletorios de esos planes de ordenación previa-, las dos sentencias han vuelto a abrir la caja de Pandora de los límites al aprovechamiento humano de estas áreas protegidas. "El Tribunal Supremo se lleva por delante los instrumentos de ordenación de los espacios protegidos", señala el especialista en Derecho Urbanístico Carmelo Padrón. Más contundente se muestra Faustino García Márquez, otro de los referentes de las tesis más conservacionistas en Canarias: "La sentencia es insólita y de gran gravedad. Los territorios protegidos corren serio riesgo de quedarse sin la ordenación adecuada que evite una posible desprotección de los mismos". Pero, ¿cuál es la protección adecuada?
¿Qué usos?
"Ridley Soctt rodará una gran película en los espacios naturales de Canarias". La noticia saltó a la luz pública a principios del pasado año y se hizo realidad en estos últimos meses, cuando una riada de personas simularon cruzar el Mar Rojo en aguas majoreras. La ocupación temporal de espacios naturales por parte de grandes producciones cinematográficas tiene su incidencia turística, por el impacto promocional que implica, pero no tiene las connotaciones negativas de otros posibles usos para el turismo, que sí reciben el rechazo frontal de conservacionistas y ecologistas.
"Es una forma muy importante de poner en valor nuestro medioambiente", ha señalado el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Mario Cabrera ha precisado a continuación que "Exodus no supondrá incidencia alguna sobre el entorno, ya que la propia productora se encarga de la limpieza de cada espacio natural una vez que finalice el rodaje". Además, la institución majorera ha anunciado que calculará "la huella ecológica" del rodaje de cara a medir el impacto de posteriores experiencias cinematográfica, pero a la vez su Patronato de Turismo bajara "diseñar una ruta como atractivo turístico por los espacios naturales donde se ha rodado la vida de Moisés de la 20th Century Fox".
¿Es esta actividad compatible con la conservación de esa naturaleza? El Parque Nacional del Teide, el más visitado con diferencia de los quince que existen en España con más de dos millones visitantes al año, admite a cuentagotas la subida al Pico en el teleférico para controlar, precisamente, el impacto de esa huella.
Pero hay razones de peso para admitir usos y aprovechamientos como los que requiere la actividad cinematográfica: los nuevos millones de euros de inversión que ha dejado la superproducción de Scott en Fuerteventura. Vertiente económica que es, para muchos, el quid de la cuestión. "El verdadero debate está en si se debe o no cobrar por entrar en determinadas zonas de estas superficies", reflexiona el diputado socialista Pedro Martín al valorar el anteproyecto estatal de Parques Nacionales.
Empleo Verde
Economistas de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna -Matías González, Carmelo León o Noemi Padrón- sostienen en su estudio Obsolescencia y políticas de renovación medioambiental en el sector turístico que "la fuerza motriz del rejuvenecimiento de un destino ha de ser la recuperación de su atractivo, bien por la creación de atracciones artificiales o bien por la incorporación al sistema turístico de recursos naturales y culturales no explotados".
Pero, además, el uso recreativo de espacios protegidos no tiene solo una proyección turística. Canarias cuenta con un buen número de lugares de gran riqueza que no están al alcance ni del turista ni del residente. Algunos, por las limitaciones que establece su legislación actual, con una concepción conservacionista muy tradicional, y otras porque los usos que se le han dado son otros, por ejemplo militares. Veneguera y La Isleta son, en Gran Canaria, dos ejemplos de la falta de vínculo entre la naturaleza y su sociedad, quedando más que como espacios protegidos como espacios vetados al aprovechamiento limitado de sus riquezas, bien para usos agrícola o artesanal o como espacio de ocio y recreo de la ciudadanía.
La puesta en marcha de "programas pilotos para activar la economía sostenible de la zona y potenciar el empleo verde" es, precisamente, una de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales. Andalucía, la región que más empleo verde genera (el 18% del total), ya viene aplicando en Doñana desde hace años planes de desarrollo sostenible que están permitiendo superar la disyuntiva entre conservación y dinamización económica.
Fuente: LAPROVINCIA.es