La
Unión Nacional
de Asociaciones de Caza (UNAC) ha remitido sus alegaciones al MAGRAMA con
ocasión del trámite de información pública al que ha sido sometido el
Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
La
Unión
de los Cazadores (UNAC) ha dejado claro en sus alegaciones que está a favor de
una norma básica sólida y unificadora para la caza, que dé igualdad a todos los
cazadores del Estado, pero no comparte que se quiera elaborar una “Estrategia
Nacional de Gestión Cinegética”, ya que ésta no será norma básica de ley
para las CCAA, lo que conllevará a marear todavía más la perdiz, pues las
estrategias tienen un carácter orientativo y no legislativo de obligado
cumplimiento. Ni se está de acuerdo tampoco en que sea la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Alimentación la que la elabore, ya que ni la agricultura ni la
alimentación tienen nada que ver con el aprovechamiento cinegético.
Por
otra parte, la UNAC
comparte que se legisle a nivel Estatal para que las licencias de caza tengan
validez en varias comunidades autónomas, o que haya un Organismo Estatal que lo
coordine, o que se asegure el buen estado sanitario de las especies cinegéticas
provenientes de explotaciones productoras, para preservar nuestras especies
silvestres. Pero no se está de acuerdo en que se legislen a través de la Ley de Montes o ésta modifique
incluso la Ley
1/1970, de 4 de abril, de caza.
Se
considera, y así se ha manifestado en las respectivas alegaciones presentadas,
que estas cuestiones relacionadas con la protección de las especies de caza y
su regulación estatal básica, deberían legislarse a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad como normativa básica que es, e incluirse en su
articulado junto con otras cuestiones importantes, para posteriormente reglamentarse
y desarrollarse a través de un Real Decreto.
Para
finalizar, la idea principal que extraen los cazadores de la UNAC, es que los legisladores,
y por ende las administraciones, siguen imponiendo normas para ellos cumplir
sus objetivos, los cuales son totalmente diferentes y alejados de los
administrados. Como prueba, los cazadores tienen que contemplar 16 leyes de
caza dispares con sus correspondientes reglamentos, otras tantas de protección
y sanidad animal, igual número de leyes para asociarse y cientos de decretos,
órdenes y resoluciones. Por no citar el número de tasas dispares que pueden
sobrepasar el millar dentro de la geografía española. En este sentido ha
declarado el presidente de la
UNAC y representante de la caza social española, Manuel
Alonso, lo siguiente: “Para hablar de duplicidades administrativas, que nos
pregunten a los cazadores, que se las explicamos.”
