El pasado 18 de junio se celebró el Consejo de Caza de Canarias. Dicho
órgano colegiado se reunió para informar sobre la Orden Regional de Caza. La Asociación Canaria de
Entidades Caza (ACEC) acudió como invitada a la reunión.
Tras tratar los diferentes puntos del orden del día, con la culminación
de la Orden Regional de Caza para la temporada 2015, y en el que el debate se
centró en el flujo de cazadores entre islas y la posible sobreexplotación de
los recursos cinegéticos. La ACEC intervino
mostrando su preocupación en ciertos aspectos de la administración y gestión de
la cacería en el archipiélago
La ACEC, entre otras cuestiones y por segundo año consecutivo, demandó
la redacción y aprobación de los planes técnicos de caza de las zonas de caza
controlada de las diferentes islas.
Se denominan zonas sometidas a régimen de caza controlada aquellas que
se constituyan sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, en los
cuáles la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de su riqueza
cinegética deberán adaptarse a los planes técnicos de caza que con este objeto
aprueben los cabildos insulares.
Según la ACEC, y en atención a la normativa cinegética, el plan técnico
de caza es un instrumento de gestión aplicado a un determinado terreno, que tiene
por finalidad su aprovechamiento cinegético de acuerdo con el tamaño de las
poblaciones objeto de caza, y como prioridad la preservación y conservación de
los hábitats, así como el mantenimiento del potencial biológico de las especies
en el medio natural.
Lo curioso del asunto, dicen los cazadores de la asociación canaria, es
el pago que realizamos los cazadores de
los permisos de caza controlada cuando la Ley de Caza es bien explicita: “Los
permisos de caza son personales e intransferibles y autorizan a su titular al
ejercicio de la actividad cinegética, en las condiciones fijadas en los planes
técnicos de caza”. Es decir, los cazadores cumplen religiosamente con la norma
y las Administraciones no.
En definitiva, mientras se debate acaloradamente el flujo de cazadores
entre islas y se adaptan a ese movimiento natural los periodos hábiles de caza
con el fin de impedir una sobreexplotación de los recursos naturales, los
documentos preceptivos para el aprovechamiento cinegético están sin redactar y
aprobar. En consecuencia, la orden regional de caza ratificada y publicada en
Boletín Oficial de Canarias el pasado 3 de julio de 2015 por la consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de medio ambiente y conservación de
la naturaleza, con el fin de realizar un adecuado aprovechamiento
de las especies cinegéticas estableciendo el régimen de la actividad y las
épocas de veda, es papel mojado.
Ahora bien, los cazadores ya hemos pagado las tarjetas de caza
controlada en cumplimiento de nuestra parte como administrados, sin embargo,
los mismos que nos cobran no cumplen con su parte de responsabilidad, apuntan
desde la ACEC.