El pasado 22 de febrero todas las entidades de caza representativas del sector cinegético de Gran Canaria reunidas en Polígono insular de Tiro de Lomo Pollo en Telde, tomaron la iniciativa de hacer frente común mediante una plataforma a la intención del Gobierno Canario de declarar al conejo especie exótica e invasora en las islas, y con ello, condenarlo a la erradicación.
El
conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus subsp. algirus) es una especie naturalizada en Canarias,
probablemente introducido hace más de 500 años,
interactuando con la flora autóctona desde aquel entonces. Actualmente
el conejo se encuentra en abundancias ínfimas comparativamente a los datos
históricos, afectado por las enfermedades víricas, la pérdida de hábitat, el
abandono de la agricultura tradicional, los predadores domésticos y la
fragmentación del territorio. En este sentido, los cazadores han reducido los
periodos de caza, el número de perros y suprimido las armas para su captura.
Por
otra parte, aprovechando la futura Ley de Biodiversidad y Recursos
Naturales de Canarias,
en fase de debate, el Gobierno de Canarias intenta modificar la Ley de Caza por
la puerta de atrás. En esta modificación, las especies objeto de caza se clasifican en caza mayor y caza menor. Sin
embargo, según el interés de la administración, en poco tiempo la clasificación
además contaría con las definiciones del Real Decreto de Exóticas Invasoras. El
mismo que pretendía declarar al almendrero especie invasora en Canarias.
Al
parecer, el sentido de todo este despropósito es que el conejo se alimenta de
plantas endémicas. Siempre bajo estudios financiados y dirigidos unilateralmente hacia los
mismos investigadores por los técnicos del propio Gobierno.
Lo
que más indigna a los cazadores es que además de prohibirles la gestión del
conejo mediante agua, comida, control de predadores, repoblaciones y
colaboraciones con agricultores a los que les puedan producir daños. Se les
imponga practicar la caza con el fin de hacerlo desaparecer, a
tenor del planteamiento propuesto en el borrador de la Ley de Biodiversidad
Canaria.
Ante
la incapacidad de gestionar, el Gobierno se ha instalado en la prohibición, sin
entrar a regular la especie, incumpliendo la implantación de la ordenación en
su aprovechamiento, y en todo caso obviando a los cazadores, más solución, que
parte del problema en este asunto.
Desde
que la Comunidad Autónoma asumió las competencias en caza, paradójicamente
responsable del fomento del patrimonio cinegético, se ha prohibido cazar las
dos especies de caza mayor por ser exóticas e invasoras, Arruí y Muflón
(introducidas por la propia administración). De las existentes de caza menor,
también se ha prohibido la caza de la codorniz y tórtola. La perdiz moruna y
perdiz roja pasan por malos momentos en cuanto a densidades, al igual que el
conejo. Y, la paloma bravía, está hibridada con las palomas de ciudad,
perdiéndose la especie.