La temporada de caza, en la Isla de Menorca, empezó con una grave discriminación hacia la caza social y los cazadores que no practican la caza de competición o deportiva, es decir, la que premia al que caza más en menos tiempo.
Según las últimas noticias las 1.583 hectáreas de terrenos libres de la Isla serán gestionadas directamente por la Federación Balear (FBC), porque así lo ha decidido la Consellería.
Con ello se obligará a que todos los cazadores tengan que asociarse obligatoriamente a esta entidad asociativa privada si quieren practicar su actividad recreativa. Esta “afiliación obligada” supondrán el pago de la licencia federativa, documento que paradójicamente no exige la Consellería a los cazadores para permitirles cazar (solo exige la licencia de caza), lo que supondrán un gasto extra para el colectivo cinegético.
Por ello, la Associació Balear d'Entitats de Caça (ABEC) interpondrá una queja formal ante el defensor del pueblo, ya que con esta “maniobra administrativa” se está obligando a los ciudadanos a afiliarse a una entidad asociativa privada para poder ejercer un derecho constitucional y reflejado en el propio estatuto de autonomía, como es la práctica de la caza.
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