El colectivo La Centinela-Ben Magec Ecologistas en Acción de La Palma, en una nota, informa que ha dirigido este martes, 14 de abril, un escrito al presidente de Cabildo, Anselmo Pestana. En el mismo se pide que “una vez finalice, a fecha de hoy, el convenio” entre la primera Corporación de la Isla y la Federación Insular de Caza, “no se prorrogue o se vuelva a firmar uno nuevo” con la citada u otra entidad, “al menos mientras se mantenga la situación de precariedad de la Guardería de Medio Ambiente del Cabildo, y que en ningún caso se vuelva sufragar con dinero público una guardería de caza privada”.
También pide “confirmación fehaciente de la celebración de las comisiones de seguimiento del convenio y acuerdos en ellas tomados”, así como “certificado expedido por el funcionario del Cabildo que le corresponda dar fe del cumplimiento de las condiciones del convenio en todas y cada una de las anualidades, en especial la justificación del gasto”.
En el escrito expone que “con fecha 15 de abril de 2014 se firma un convenio entre el Cabildo de La Palma y la Federación Insular de Caza, por la cual esta última, por establecer una guardería de caza privada, recibe del Cabildo una aportación económica consistente en 70.300 euros en metálico y otra parte no cuantificada derivada del uso de bienes propiedad del Cabildo”.
Considera que “este convenio contiene varias irregularidades”. Al efecto indica que “el Cabildo no puede otorgar contratos o convenios por esa cantidad de dinero sin las garantías de un concurso público” y añade que “si se trata de una subvención, del mismo modo ha de estar abierta la libre concurrencia”. También señala que “la Federación Insular de Caza es una parte de una asociación privada de carácter deportivo cuyos estatutos no recogen explícita ni implícitamente la guardería de caza como una de sus actividades o fines estatutarios”.
“Que la Federación Insular de Caza se haya constituido como entidad asociativa de las asociaciones de cazadores”, apunta en la relación de presuntas irregularidades, “no implica que las asociaciones de cazadores automáticamente se encuentren federadas. De hecho la Federación no representa a todas las asociaciones, ni siquiera al 50% de los cazadores en La Palma. En realidad, la Federación Insular no es sino la expresión en La Palma de la Federación Canaria de Caza, igualmente de carácter deportivo. Cualquier otro estatuto propio de la Federación Insular, tendrá que ser demostrado”.
Expone asimismo que “si bien la vigilancia privada está legalmente prevista en el interior de concesiones cinegéticas privadas, para el resto del territorio sólo los agentes de la autoridad tienen esa competencia. Sólo pueden ejercer vigilancia fuera de las zonas adscritas a petición de los agentes de Medio Ambiente. Los guardas jurados han de superar pruebas de aptitud para ser acreditados como tales. Ninguna de estas condiciones se están cumpliendo”.
Ben Magec Ecologistas en Acción de La Palma no cree “que estos guardas, que dependen laboralmente de la entidad privada que les paga, puedan ejercer una buena vigilancia cuando tienen que dar cuenta de sus movimientos a personas que supuestamente tienen que vigilar. Nos preguntamos cómo la Federación Insular va a garantizar que la presión de la vigilancia sea igual a sus asociados que al resto de cazadores, que son la mayoría”.
Agrega “que los vigilantes que ha contratado la Federación no cuentan con la formación adecuada, como quedó demostrado en el episodio del envenenamiento de perros el pasado año”.
Por último, dice que, “mientras el Cabildo se ha gastado –estimamos- unos 750.000 euros durante los años en los que se ha mantenido este convenio, ha escatimado hasta la indignidad recursos y medios a su propia guardería de Medio Ambiente. Es intolerable que los agentes de Medio Ambiente tengan que hacer sus movimientos en un panda porque los vehículos todo terreno han sido cedidos a la guardería privada de la Federación de Caza”.
Fuente: eldiario.es